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Monthly Archives: marzo 2015

Un 20% de proyectos urbanísticos sucumbe a la crisis desde 2011

Un 20% de proyectos urbanísticos sucumbe a la crisis desde 2011

Castellón es la provincia valenciana donde más Planes de Actuación Integral se han arruinado

El 20% de los expedientes evaluados entre 2011 y 2015 por las tres comisiones territoriales de Urbanismo de la Comunidad Valenciana fueron resoluciones de Programas de Actuación Integrada (PAI). En total, 142 proyectos urbanísticos quedaron sin realizarse por diversos motivos en Castellón, Valencia y Alicante.

La mayoría de ellos, un total de 60, se planearon en la provincia castellonense, según la memoria de Gestión de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Generalitat Valenciana presentada ayer por el resposable de Evaluación Ambiental y Territorial, Juan Giner. En Valencia fueron 45 y en Alicante, 37 resoluciones.

Son proyectos que se cayeron por falta de financiación o incumplimientos de plazos del agente urbanizador, entre varias razones. La cifra de resoluciones es casi un certificado de cómo ha afectado la crisis al territorio valenciano. Entre 2007 y 2011, tan solo fueron 69 los proyectos malogrados; y la legislatura anterior, solo 14.

Sin embargo, la actividad de nueva obra comienza a resurgir, en palabras del presidente de la Confederación de Empresas de la Construcción de la Comunidad Valenciana, Ramón Jerez, miembro de la comisión alicantina. “Se inicia un proceso de recuperación lento pero aconsejable, lo de antes no debe volver a ocurrir”, señaló en referencia a la especulación que se originó entorno al sector.

Durante toda la legislatura, la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente evaluó positivamente 310 expedientes y no autorizó 123.

La memoria del Consell demuestra además la fortaleza del urbanismo alicantino. Pese a la diferencia poblacional de casi 700.000 habitantes, las comisiones territoriales de Alicante y Valencia tramitan un número muy similar de expedientes: 241 y 261, respectivamente.

Giner destacó el esfuerzo realizado desde la Administración para simplificar hasta en un 80% la

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Molins aprende a vivir sin España

Molins aprende a vivir sin España

El grupo prevé recuperar las cifras anteriores a la crisis en 2018 tras dar la vuelta al negocio

Los Molins tienen buenas relaciones con los Fradera y los Rumeu. Las tres familias mantuvieron algo en común durante el siglo pasado. Controlaban los dos grupos cementeros catalanes, con los que habían compartido aventuras conjuntas en el extranjero. En 2006 todo cambió. Los segundos vendieron su Uniland a Cementos Portland Valderrivas, de FCC. En la cúspide de la burbuja, como aquellos deportistas que prefieren retirarse antes de su ocaso definitivo, se fueron a casa después de que les valoraran su grupo en 2.000 millones de euros. Molins, en cambio, que incluso se planteó adquirir aquellos activos pero no por aquel precio, decidió seguir en el negocio. Las cosas iban muy bien aquel año. Y continuaron bien en 2007. Pero en los dos siguientes ejercicios se empezaron a torcer y el negocio español de Molins primero perdió ventas y después, a partir de 2010, entró en pérdidas. Hasta hoy.

Entre 2007 y 2014 el consumo de cemento en España cayó un 84%. “A la caída del sector inmobiliario ha habido que sumar el descenso en la contratación de la obra pública, como consecuencia de los recortes presupuestarios. Para responder a esa caída de la demanda interna, las cementeras tienen que salir a vender al exterior”, señala Joan Carles Amaro, del Departamento de Control y Dirección Financiera de Esade.

El beneficio consolidado de Molins nunca ha entrado en números rojos, pero su resultado neto llegó a reducirse a una décima parte y ahora parece que vuelve a repuntar. España ya no genera tantas pérdidas. Pero lo que salva al grupo es la apuesta que ha hecho en el exterior. Sus beneficios le han permitido capear un temporal al que otros grupos no le están

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La inversión en obra pública repunta tras cinco años de caída brusca

La inversión en obra pública repunta tras cinco años de caída brusca

Euskadi es la comunidad autónoma con el mayor crecimiento de la licitación

La curva ha dejado de bajar. Por primera vez desde 2009, se ha roto una tendencia de caída continuada de las inversiones en obra pública en el País Vasco. Tras un lustro caracterizado por un desplome constante del gasto en infraestructuras por parte de las administraciones, el sector de la construcción comienza a dar síntomas de recuperación, aunque de forma tenue. Las últimas estadísticas de licitación pública, referidas al año 2014, reflejan un repunte de las obras que salieron a concurso en Euskadi. Es la comunidad autónoma en el conjunto de España donde más ha aumentado la licitación.

Euskadi tocó fondo en 2013, cuando los Gobiernos central y vasco, las Diputaciones y los Ayuntamientos liberaron en total 617,4 millones, la cifra más baja de las últimas décadas. La obra pública pagó de esta manera las consecuencias de un estancamiento total de la actividad económica y del escaso estímulo que demostraron las Administraciones públicas para darle la vuelta a la situación.

Los datos facilitados por Seopan, la patronal de las grandes constructoras, revelan un cambio de signo. En 2014 se licitaron en el País Vasco obras públicas por un valor total de 1.145,2 millones de euros, un 85% más. Este fenómeno expansivo también se ha dado en la mayoría de las comunidades autónomas, aunque en una proporción inferior.

En el conjunto de España se ha mejorado un 42%, al pasar de los 9.172 millones que se dedicaron en 2013 a los 13.111 millones del pasado ejercicio. Solo hay dos comunidades, Andalucía (2.290 millones) y Cataluña (2.035 millones) que superan a Euskadi en volumen de inversiones. Por detrás le sigue Madrid, con 1.112 millones.

“Son datos positivos, pero la recuperación es moderada”, afirma el viceconsejero Antonio Aiz

El viceconsejero de …

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El último pinchazo de la burbuja

El último pinchazo de la burbuja

El juez saca a subasta los bienes del Instituto Tecnológico de la Construcción, que ha sido víctima de la crisis del sector y de la Generalitat y de su gestión

A final de 2007, cuando las alarmas por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos ya había cruzado el Atlántico, el entonces director del Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico), Ramón Congost, consideraba la preocupación injustificada. “Los datos de Aidico muestran un aumento de la inversión inmobiliaria en España”, afirmó. Siete años más tarde, la patronal valenciana del sector sigue viendo el negocio en crisis, aunque considera que la caída se ha detenido. Congost ya no dirige el instituto tecnológico, que abandonó en verano tras presentar el preconcurso de acreedores para centrarse en su cargo de cónsul honorario de la Federación Rusa en la Comunidad Valenciana. Y la administración concursal nombrada por el juez acaba de sacar a subasta los bienes del instituto tecnológico para saldar sus deudas, que al suspender pagos ascendían a ocho millones de euros.

El titular del Juzgado de Lo Mercantil número 3 de Valencia indicó este jueves en una providencia que se han recibido dos ofertas por activos de Aidico. En el marco del remate, otro instituto tecnológico, el del mueble y la madera (Aidima), ofrece 50.000 euros por el llamado Laboratorio del fuego de Aidico. Cuando fue inaugurado en 2005 por el presidente de la Generalitat Francisco Camps se informó de que había costado tres millones.

La segunda oferta ha sido presentada por All Word Certificación, una empresa que fundaron decenas de trabajadores y antiguos empleados de Aidico, que llegó a tener a 200 personas en plantilla. La propuesta se interesa por la unidad productiva de Aidico Certificación, por la que ofrece 310.000 euros.

El juez ha dado de plazo hasta el

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El comprador puede renunciar a la casa si se retrasa la entrega

El comprador puede renunciar a la casa si se retrasa la entrega

El Supremo cambia su doctrina, que solo permitía resolver el contrato por grandes demoras

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a dar marcha atrás en la compra de una vivienda nueva cuando la promotora se retrase en su entrega sobre la fecha prevista en el contrato. El tribunal ha resuelto así el recurso presentado por Urbanizadora Inmobiliaria S. A. contra una sentencia de la Audiencia Provincial del Madrid, que anuló el contrato de compraventa de una casa y condenó a la promotora y a La Caixa (que ejerció como aseguradora de la empresa) a pagar, respectivamente, 65.000 euros y 52.000 euros a los compradores del inmueble.

El Supremo ha confirmado el fallo en una sentencia en la que intenta acabar con las discrepancias que hasta ahora existían en las audiencias provinciales, al interpretar una ley de 1968 que regula devolución de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. El fallo modifica la doctrina que fijó el propio Supremo en una sentencia de 1986, cuando interpretó la ley en el sentido de que el contrato de compraventa solo se podría anular si la casa estaba en un estado incipiente de construcción acabado el plazo de entrega previsto, pero no si apenas le faltaban “detalles”.

Ahora, el alto tribunal cambia este criterio y da la razón a unos compradores que renunciaron a la vivienda a pesar de que esta se entregó solo tres meses después de la fecha prevista. Según la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Marín, el retraso en la entrega, “aunque no sea especialmente intenso o relevante”, constituye un incumplimiento del vendedor que justifica la resolución del contrato si así lo pide el comprador antes de ser convocado para la firma de la escritura pública.

En el caso estudiado

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